Crónica de una reforma anunciada: Panorama fiscal Colombiano para el 2021

Tax

Por: Francisco de Luque


Las consecuencias de la pandemia en el panorama fiscal colombiano empiezan a ser evidentes en la caída del recaudo tributario del año 2020.

El Gobierno buscará en el Congreso de la República aprobar una nueva reforma tributaria que muy seguramente se basará en (i) la expansión del IVA a la tarifa general para que pase del 45% al 90% de los bienes y servicios que se transan en la economía, implementando un mecanismo de compensación para las personas menos favorecidas, (ii) aumentar la tasa de tributación de renta a las familias de clase media para que los ingresos de 3 a 5 millones pasen a tributar a tarifas efectivas del 1% al 5%, y para que los ingresos de 5 a 10 millones pasen a tributar a una tarifa efectiva del 10% incluidas las pensiones altas tanto del sector público como del privado y (iii) ampliar el impuesto al patrimonio desde los 750 millones a una tarifa del 0,25% hasta la tarifa del 1% para los patrimonios superiores a 5.000 millones.

Nuestra predicción es que esta reforma buscará eliminar la mayor cantidad posible de exenciones en el impuesto de renta, reversando el descuento del ICA y el descuento del IVA en la compra de bienes de capital, y el restablecimiento de la tarifa corporativa de renta a niveles del 33% o 35%.

Por último, es probable que en la reforma se aumente la tarifa del impuesto de ganancias ocasionales y se eliminen las exenciones por cuantía al impuesto a los dividendos.

Lastimosamente esta reforma será otra vez una oportunidad perdida para eliminar arcaísmos como el anticipo del impuesto de renta, la autorretención especial y la simplificación necesaria del sistema de retenciones en la fuente, el 4×1000 y el engorroso trámite para la devolución o compensación de saldos a favor, el cual debería ser automático y sujeto a fiscalización posterior.

Una reforma fiscal centrada exclusivamente en el recaudo, que satisfaga las exigencias de la OCDE y de las calificadoras de riesgo, pero que no contempla el manejo responsable de los recursos por parte del Estado, la delimitación de sus funciones esenciales y la retribución que la sociedad espera como contraprestación a esa mayor carga impositiva, estará condenada una vez más a ser un maquillaje de corto plazo, que en nuestra opinión no permitirá al País competir en el contexto de una economía globalizada donde los grandes inversionistas internacionales buscan las reglas de juego más atractivas.